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Muy Interesante (México) - 2021-06-01

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La exploración espacial vive un auge histórico con la creciente participación de países y empresas privadas, lo que pone sobre la mesa la discusión sobre quién puede explotar (y beneficiarse de) los recursos extraterrestres.

EN PORTADA

Por Sarai J. Rangel

Las evidencias apuntan a que hay agua en la Luna; no se sabe cuánta ni en qué estado, pero la discusión sobre quién puede aprovechar este y otros valiosos recursos selenitas está más cerca de la realidad que de la ciencia ficción. Hace poco más de una década que la Luna dejó de ser ese orbe completamente seco y estéril descrito por los astronautas del Apolo 11 en 1969. Tras la detección de hidratación en sus frías y oscuras regiones polares lograda por la sonda Chandrayaan-1 en 2009, la evidencia de que nuestro satélite natural contiene el valioso recurso sigue acumulándose gota a gota; aunque el hallazgo dado a conocer por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) a mediados de 2020 sin duda desbordó la copa: por primera vez se confirmó la presencia de moléculas de agua (H2O) en las zonas iluminadas de la superficie lunar. El hallazgo fue logrado por el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, SOFIA, un avanzado telescopio montado a bordo de un Boeing 747SP que vuela a 13,400 metros de altura, donde la atmósfera pierde densidad y permite capturar imágenes únicas del infrarrojo espacial. Se trata de un descubrimiento notable. Hasta ahora se creía que el agua en la Luna sólo podría existir en áreas no expuestas a la radiación solar, pero al parecer hay moléculas de H2O contenidas al interior de cristales en la superficie bañada por el Sol, lo cual, a decir de la NASA, indica que está ampliamente distribuida por la superficie del astro. Aunque no se sabe cuánto líquido hay, el anuncio impulsa la nueva carrera espacial que las principales potencias ya libran en torno a la Luna. Tan sólo en diciembre pasado, la sonda Chang’e 5 de la Administración Espacial Nacional China regresó a la Tierra con muestras de rocas y suelo lunar, y a principios de 2019 logró el primer alunizaje en la cara oculta del satélite. Asimismo, India, Europa, Rusia y Japón planean en el corto plazo misiones robóticas en tierra selenita, en tanto el ambicioso proyecto Artemisa de la NASA propone llevar a la primera mujer en 2024 y montar ahí una base antes de que finalice esta década. “Si se lograra extraer esa agua, eventualmente podría ser filtrada y empleada en misiones tripuladas”, explica la geóloga planetaria y directora del Programa de la Ciencia de la NASA, Adriana Ocampo. “¡Haría viable una presencia permanente en la superficie de la Luna!”. No nada más las naciones espaciales tienen a la Luna en mente. Compañías privadas como SpaceX, Moon Express, Virgin Galactic, Blue Origin, ispace Inc. o Boeing, entre otras, también han puesto el ojo sobre el satélite natural, imaginando los beneficios que un recurso como este podría tener en el futuro. “El descubrimiento de agua en la superficie de la Luna iluminada por el Sol ha estado alumbrando nuestra imaginación sobre las posibilidades de la exploración espacial humana durante los últimos días”, se publicó en la cuenta de Twitter de Virgin Galactic, propiedad del empresario Richard Branson. Este creciente interés, reflejado en las cuantiosas sumas que hoy por hoy cada vez más compañías invierten en la industria aeroespacial, es también motivado por otros importantes recursos lunares. Por ejemplo, se ha detectado abundancia de elementos como helio-3, un isótopo de helio escaso en la Tierra y que podría servir como futuro combustible para los reactores de fusión nuclear. Además, posee grandes reservas de minerales como litio, cobalto, hierro, níquel, zinc, aluminio, titanio, tungsteno y varios metales de tierras raras, muy demandados en la electrónica moderna y cuyo actual monopolio terrestre pertenece a China. Sin mencionar el regolito (roca lunar) y su uso como base de despegue y descenso y, por tanto, la puerta a depósitos ilimitados de valiosos recursos esperando en algún sitio del Sistema Solar. Todo indica que la visión del espacio como un depósito de recursos aptos para su utilización es la línea por seguir. Y con empresas privadas que cuentan con la infraestructura y el capital necesario para conseguirlo, el negocio de la minería espacial está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. El optimismo es grande: se ha predicho que el primer billonario del planeta obtendrá su fortuna de la minería de asteroides, e incluso el banco de inversión Goldman Sachs apoya esta idea. Nadie quiere quedarse atrás. Sin embargo, hay un problema: la actual reglamentación espacial no es clara en cuanto a quién puede aprovechar y poseer los recursos obtenidos de misiones extraplanetarias. “Existen acuerdos internacionales que señalan que la Luna no le pertenece a nadie. De hecho, ningún objeto fuera de la Tierra le pertenece a nadie”, comenta la astrobióloga de la Universidad Autónoma de México Antígona Segura. Ahora que las empresas privadas “ya entraron al negocio aeroespacial, hay que sentarnos a decidir cómo vamos a legislar esto. Creo que hay muchas cosas que debemos resolver en la Tierra antes de ir a explotar recursos de otros astros”. El espacio de todos Dos años antes de que Neil Armstrong protagonizara el que tal vez sea el “paseo” más importante en la historia de la humanidad, otro hecho acaso más insólito se celebraba: en medio de las tensiones de la Guerra Fría las dos superpotencias rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética, detenían las hostilidades para firmar –junto con Reino Unido– un acuerdo que regulara la actividad humana en el espacio exterior. Era el 27 de enero de 1967. Desde entonces, el conocido como Tratado del Espacio Ultraterrestre (OST, por sus siglas en inglés) ratificado por 111 países, es el documento legal que gobierna las actividades de las naciones fuera de la Tierra y concierne a todos los planetas y cuerpos celestes, incluyendo la Luna y los asteroides. “A menudo descrito como ‘la Carta Magna del espacio’, es un documento increíble”, considera vía correo electrónico Michelle Hanlon, codirectora del programa de derecho aéreo y espacial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Misisipi (EUA). “Negociado en el apogeo de la Guerra Fría, consagró principios básicos que se han aceptado como derecho internacional consuetudinario: el espacio será libre para la exploración y el uso para todos, se utilizará con fines pacíficos y ninguna nación puede reclamar territorio en el espacio”. Con apenas 17 breves artículos, el OST consiguió que el espacio exterior no se convirtiera en motivo de disputa y conquista entre los gobiernos. Las heridas de la colonización europea y las dos guerras mundiales seguían muy abiertas, por lo que se determinó que la Luna y los astros fueran vistos como “un bien común global” accesible a todos los Estados. Ello ha permitido la cooperación internacional en la exploración espacial. “La Luna es tratada como la Antártida”, explica Adriana Ocampo, entrevistada pocos días antes de que la sonda Perseverance de la NASA aterrizara en Marte el pasado febrero. “No importa qué país explore nuestro astro, nadie puede adueñarse de él y toda la investigación y exploración de este y el resto de los cuerpos celestes del Sistema Solar se tiene que hacer con propósitos de paz y para el bienestar de todos en el planeta”, añade. Pero, aunque el OST es muy claro en que ningún país tiene derecho de propiedad sobre la Luna u otros astros, no dice nada sobre la iniciativa privada. Tampoco especifica si la extracción y el consumo de recursos naturales no renovables, como los minerales y el agua de los cuerpos celestes, son libres de ser explotados o no. Tal omisión fue resarcida en el Acuerdo que Gobierna las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes, mejor conocido como Tratado de la Luna, de 1979, cuyo artículo 11 establece: “Ni la superficie ni el subsuelo de la Luna ni ninguna parte de ella o los recursos naturales existentes, pasarán a ser propiedad de ningún Estado, organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental o de cualquier persona física”. No obstante, a diferencia de su antecesor, este no tuvo la misma aceptación: desde que entró en vigor en 1984 sólo ha sido ratificado por 18 naciones (México es una de ellas), pero las principales potencias espaciales (Rusia, China y Estados Unidos) se niegan a firmarlo. “Entonces, ¿dónde nos deja eso?”, pregunta Michelle Hanlon. “Existe cierto debate sobre la interpretación del artículo 11 del Tratado del Espacio Ultraterrestre, que establece que las naciones no pueden reclamar territorio en el espacio. Estados Unidos ha indicado que interpreta esto en el sentido de que, si bien un gobierno no puede reclamar territorio, los recursos en el espacio pueden desarrollarse y usarse sin violar este principio.” “El Acuerdo de la Luna parece apoyar esa interpretación, ya que anticipa con claridad que los actores en algún momento utilizarán los recursos espaciales. Legalmente hablando, muchos interpretan los tratados para sugerir que un actor espacial puede usar y vender recursos obtenidos en el espacio”, concluye la experta en derecho espacial. En sus marcas, listos... ¡a cavar! En un intento por rellenar los huecos legales y adelantarse a la demanda, en los últimos años países como Estados Unidos, Luxemburgo y más recientemente Emiratos Árabes Unidos, han establecido mecanismos legales para que, llegado el momento, las empresas interesadas en la minería espacial puedan poseer por derecho los recursos obtenidos de su odisea extraterrestre. Tales acciones han suscitado reacciones diversas dentro de la comunidad internacional. “Por una parte, las empresas con capacidad tecnológica han visto estas dos normativas nacionales –de Estados Unidos y de Luxemburgo– como una llaga abierta a sus intereses económicos en el marco de lo que se ha dado en llamar el New Space (espacio económico o espacio emprendedor)”, cuenta a Muy Juan Manuel de Faramiñan Gilbert, autor del libro Las controvertidas cuestiones sobre la minería espacial. Lagunas jurídicas en la regulación del espacio ultraterrestre (Ed. Kinnamon Cosmos, 2020). “Sin embargo, tanto desde el punto de vista académico como desde la perspectiva de otros Estados, hemos reaccionado manifestando nuestra seria preocupación por el hecho de que la explotación descontrolada de los asteroides puede acabar con recursos naturales limitados y también deteriorar el medioambiente espacial”. En cuanto a regulaciones, Estados Unidos es quien lleva más camino adelantado. En 2015, el presidente Barack Obama firmó la Ley de Competitividad del Lanzamiento Espacial Comercial de EUA, o “Space Act”; luego, el año pasado, la Casa Blanca emitió la Orden Ejecutiva del 6 de abril sobre Fomento del Apoyo Internacional para la Recuperación y Uso de Recursos Espaciales. Mientras la primera permite a las empresas estadounidenses poseer, transportar, usar y vender recursos espaciales sin que ello constituya una violación al derecho internacional vigente, la segunda consolida tales derechos y además rechaza categóricamente el Tratado de la Luna, al que tacha de un “fallido intento de restringir la libre empresa”. También enfatiza que Estados Unidos “no ve al espacio exterior como propiedad común global”. Luxemburgo sigue el mismo camino. A pesar de no tener una industria espacial desarrollada, planea hacerse de una permitiendo a las empresas mineras la apropiación de los recursos espaciales. A diferencia de la ley estadounidense, basta con que cualquier compañía del mundo tenga al menos una oficina en el país para gozar de esta protección. Para De Faramiñán, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en el Panel de Expertos para el Arbitraje de Controversias Relativas a Actividades en el Espacio Exterior, un organismo internacional con sede en La Haya, Países Bajos, es claro que “tanto Estados Unidos como Luxemburgo se han apoyado en un vacío legal, puesto que no han firmado el Tratado de la Luna que en su artículo 11 indica que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad”. “Personalmente considero que este tipo de normativas nacionales conculcan el derecho internacional y el espíritu de los cinco tratados del espacio que conforman lo que se ha llamado el Corpus Iuris Spatialis. Creo que se trata de una mala praxis y que puede ocasionar muchos conflictos jurídicos”, añade. Guerra Fría versión Star Trek La cereza del pastel son los llamados Acuerdos Artemisa. Firmados en octubre de 2020 en el marco de la actual misión punta de la NASA, se redactaron por Estados Unidos como un acuerdo internacional basado en el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Estos establecen pautas generales de cooperación, exploración y explotación en la Luna y otros astros del Sistema Solar: prestación de ayuda en caso de emergencia, publicación e intercambio de datos y hallazgos científicos, protección de patrimonio histórico en la Luna, manejo de desechos espaciales y, aunque se afirma que la apropiación está prohibida, contempla la extracción y utilización de recursos espaciales así como la implementación de “zonas seguras” para evitar “interferencias dañinas” por parte de otros Estados o empresas. Hasta febrero los Acuerdos habían sido firmados por Australia, Canadá, Reino Unido, Japón, Luxemburgo, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania y Brasil a través de tratados bilaterales. De esta manera rompe la convención para este tipo de temas de ser sesionados en un foro mundial, a pesar de que sus puntos, en especial en el caso de la extracción y utilización de recursos espaciales, legalmente son competencia de todas las naciones. A decir de Michelle Hanlon, estos tratados constituyen un esfuerzo por llenar algunas de las lagunas del OST sin constituir una violación a este. A la vez, ponen sobre la mesa la discusión respecto a la extracción y uso de los recursos que podrá abordarse de modo multilateral a través de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS), órgano encargado de gobernar la exploración y uso del espacio en beneficio de toda la humanidad. Dada la postura de EUA de interpretar que los tratados internacionales permiten el uso de los recursos espaciales y el establecimiento de “zonas seguras” (sin que eso sea apropiación, aunque para algunos sea demasiado parecido a una delimitación de propiedad en territorio lunar), el papel de estos acuerdos puede resumirse en: “Si desea unirse al programa Artemisa, en esencia debe aceptar la legitimidad de explotar los recursos minerales”, dice Frans von der Dunk, profesor de derecho espacial de la Universidad de Nebraska-Lincoln (Estados Unidos). “Obviamente, Estados Unidos no puede imponer eso a otros países en general.” Como era de esperar, la maniobra ha despertado suspicacias. En mayo de 2020, el diario británico The Financial Times consideró que los Acuerdos eran “una señal más del desdén de la administración Trump (hoy sustituida por los demócratas encabezados por Joe Biden) por el proceso multilateral”. Asimismo, vaticinaba que “cualquier acuerdo internacional que no incluya a otras naciones espaciales importantes, como Rusia y China, sólo sembrará la división y aumentará los riesgos de dañar la competencia libre para todos los recursos celestes”. Para Von der Dunk se trata de un escenario más que posible. “Pongamos el ejemplo de una compañía estadounidense que recolecta recursos espaciales sintiéndose legitimada por la ley nacional de EUA, pero luego se enfrenta a, por decir algo, protestas rusas. Que Rusia se negara a comerciar con estas empresas o incluso que tomara acciones para interferir con las operaciones de recolección. Bueno, son conflictos que podrían surgir con facilidad”. En efecto, tanto Rusia como China ya han hecho patente su inconformidad. En julio de 2020 el comentarista aeroespacial chino Song Zhongping comparó a la coalición global de EUA con una manada de lobos que, en su sentir, “amenaza con rodear y atacar a China en el momento adecuado” a fin de contener su avance espacial. De igual modo, Dmitry Rogozin, jefe de la Agencia Espacial Rusa, señaló al respecto: “El principio de invasión es el mismo, ya sea en la Luna o en Irak”, en un tweet borrado más tarde. Y en octubre, durante el 71° Congreso Astronáutico Internacional, desestimó la participación rusa en el portal lunar o Gateway, por estar “demasiado centrado en Estados Unidos”. Como resultado obvio, ambas potencias ya están negociando una mayor cooperación con la idea de estabilizar el terreno del juego espacial frente a EUA y sus aliados (cabe destacar que desde el año 2011 la Enmienda Wolf prohíbe por completo a la NASA colaborar con China), formando dos facciones en un campo donde históricamente el mundo era un mismo equipo. Un pequeño paso para el humano... A pesar de los problemas diplomáticos y legales que está generando, para la mayoría de los especialistas consultados la minería espacial y el aprovechamiento de los recursos ultraterrestres son aspectos necesarios y hasta claves en nuestra aventura fuera de la Tierra. “Dado que en la actualidad nos cuesta unos 10,000 dólares cada libra de peso que lanzamos al espacio, sería mucho más barato utilizar todos los recursos que estén disponibles ahí”, señala Von der Dunk. Michelle Hanlon concuerda: “Tenemos que emplear incluso los recursos no renovables para hacer avanzar a nuestra sociedad y nuestra especie, pero debemos hacerlo de manera sostenible y sustentable”. De acuerdo con Von der Dunk, esto es posible incluso si la iniciativa privada entra al ruedo. “Siempre que sus actividades no dañen los intereses públicos en las áreas de seguridad, protección y medioambiente o violen la legislación nacional, creo que es bueno que el capital privado se utilice para desarrollar algo que pueda aportar importantes beneficios a la sociedad en general”. Para él, la ventaja de este nuevo competidor es que, a diferencia de los organismos gubernamentales, las empresas tienen el potencial de ser flexibles e innovadoras para enfrentarse a un entorno como el espacio exterior; aunque no niega que para conseguir esto y evitar que las firmas obtengan sólo los beneficios sufragando los costos a la sociedad, se vuelve imprescindible desarrollar un enfoque internacional. “Eso sería mucho mejor que las iniciativas legislativas nacionales individuales”, precisa el entrevistado. Para Manuel de Faramiñán la solución obvia a esta problemática sería “la creación de una Organización o Autoridad (como en el caso del derecho del mar y de los fondos marinos oceánicos) que controle en beneficio de todos la explotación de los recursos existentes en el espacio ultraterrestre”. Esta salida también podría calmar los ánimos entre las naciones, pero si bien tanto el COPUOS como sus dos subcomisiones (la de Asuntos Científicos y Técnicos y la de Asuntos Jurídicos) ya toman cartas en el asunto –el Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad a Largo Plazo y el Grupo de Trabajo sobre la Agenda Espacio 2030–, será difícil que alcancen en el corto plazo un consenso a la medida de las aspiraciones lunares de EUA para 2024. Sin embargo, si Estados Unidos consigue que más naciones firmen los Acuerdos Artemisa, su enfoque de cómo aprovechar el espacio podría sentar un precedente y permear incluso entre los miembros del COPUOS. “Pienso que el régimen internacional que podría surgir sería de abajo hacia arriba, no a la inversa; es decir, que los Estados desarrollen gradualmente leyes espaciales nacionales en la misma línea que EUA en lugar de crear un tratado internacional”, concluye Von der Dunk. Puede que la salida de Donald Trump permita a EUA bajar el ritmo a la carrera espacial y abrir un diálogo multilateral, pero, de no ser así, todavía hay una manera de frenarlo, explica De Faramiñán: “Que más países ratifiquen los Tratados de la Luna. El problema que presenta el Acuerdo de la Luna es que ha recibido muy pocas ratificaciones. No obstante, ya está en vigor y como tal posee la capacidad de ir generando una costumbre internacional. Conforme tenga el refrendo de una cantidad importante de Estados podrá convertirse en derecho consuetudinario y, como tal, ser obligatorio para los países”. Estados Unidos es consciente de esto, de ahí la Orden Ejecutiva del 6 de abril, que reniega del Acuerdo de la Luna. “Conforme sean más las naciones que firmen el Acuerdo de la Luna, su peso irá acrecentándose y generará una dialéctica interesante entre el New Space y la idea de patrimonio común de la humanidad, pues, insisto, la explotación de los recursos en el espacio ultraterrestre deberá hacerse en beneficio de la comunidad internacional en su conjunto y no en el exclusivo beneficio de empresas o Estados con capacidad económica y tecnológica”. Al preguntarle si cree que estas cuestiones legales puedan resolverse antes de que comience a explotarse el agua lunar y se minen los primeros asteroides, Juan Manuel no duda: “Es uno de los principales retos; de lo contrario, en pocos años, cuando la carrera de la explotación estelar comience, produciremos un deterioro irreversible del espacio”.

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